¿Por qué es inconveniente la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia?

Publicado en 2020noticias.com el 9 de agosto de 2020 (https://www.2020noticias.com/por-que-es-inconveniente-la-propuesta-de-una-asamblea-nacional-constituyente-para-reformar-la-justicia/)

Esta semana, a raíz de la imposición de la medida de detención preventiva al senador Álvaro Uribe por parte de una sala de la Corte Suprema de Justicia, el Centro Democrático revivió una vieja propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y, concretamente, modificar la estructura de la rama judicial con una super Corte. Aunque no se conocen los detalles de la propuesta, y creo improbable que salga adelante en este momento, quiero señalar desde ya algunas razones por las que creo que tanto en la forma como en el fondo, se equivoca el partido de gobierno en la formulación de esta propuesta en este preciso momento.

Cabe recordar a los lectores que la Constitución colombiana puede reformarse por tres vías. A través de Actos Legislativos (que son los actos reformatorios de la Constitución, que realiza el Congreso); a través de un referendo constitucional (que requiere de una ley aprobada por el Congreso y en el que se le pregunta a la ciudadanía si está o no de acuerdo con una modificación constitucional); y a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (que también requiere de una ley del Congreso y es probablemente el mecanismo más exigente para la reforma de la Constitución). 

Desde que fue expedida la Constitución de 1991, este tercer mecanismo no ha sido utilizado. Y es difícil ponerlo en práctica porque requiere la aprobación de una ley con mayoría absoluta, que esta ley sea declarada constitucional por la Corte Constitucional y, lo más difícil, que una tercera parte del censo electoral (al menos doce millones de personas) esté de acuerdo y vote sí a la convocatoria a dicha Asamblea. La decisión del Constituyente de 1991 fue reservar este mecanismo de reforma de la Constitución para momentos de amplio consenso social en la necesidad de modificarla. Éste, definitivamente, no es uno de esos momentos. Por el contrario, la propuesta se formula en un clima de mucha polarización y parece no ser compartida ni siquiera por el propio Presidente Duque. 

La propuesta es peligrosa. Afecta de manera grave la independencia y autonomía de la Rama Judicial. Los funcionarios judiciales deben resolver los conflictos sin presiones, sin sujeciones a otras ramas del poder público, especialmente al ejecutivo. Es por lo menos curioso que el partido de gobierno, que tan crítico ha sido del chavismo en Venezuela, pretenda reproducir sus prácticas en nuestro contexto con la propuesta de una super Corte sometida al poder del ejecutivo. Los ciudadanos debemos oponernos radicalmente a ello. Pero la propuesta es también riesgosa porque una Asamblea Constituyente podría decidir ir más allá de la reforma a la justicia y modificar otras partes de la Constitución. Esto es muy grave: pensar en someter a reforma los derechos, las garantías y mecanismos de protección como la tutela (que no ha sido de los afectos del Centro Democrático) a la voluntad de las mayorías en esa Asamblea. 

Además, no se trata de reformar un artículo, sino de alterar una compleja división del trabajo al interior de la Rama Judicial que tiene hondas raíces históricas en nuestro Estado constitucional. Así como se debe evitar la excesiva concentración de poderes en una rama del poder público, es conveniente también evitar la concentración del ejercicio del poder judicial en una super Corte que no sabemos cómo operaría y resolvería los conflictos que deben resolver los jueces todos los días. 

Finalmente,  la propuesta es inoportuna. Estamos en medio de una grave crisis económica y social. Y las energías del Congreso y el Gobierno Nacional deben estar puestas en combatir esta crisis de salud pública, el desempleo, la pobreza y la grave desigualdad que se ha ahondado con esta pandemia. En eso debería consistir nuestro acuerdo en este momento y no en propuestas que profundicen en la polarización y afecten gravemente la independencia y autonomía de la rama judicial. La justicia en Colombia tiene graves problemas pero en su gran mayoría no requieren de reformas constitucionales para su solución. Quizás de ajustes legales y eso sí, mucha capacidad de gestión, recursos y voluntad política. La inconformidad con una decisión judicial, en un proceso penal que todavía está en curso y en el que hasta donde sabemos el Senador Uribe ha gozado de todas las garantías, no puede llevar a formular este tipo de propuestas que afectan gravemente las bases de nuestro Estado Social de Derecho.