Publicado en La Silla Vacía el 8 de agosto de 2020
La medida de detención preventiva impuesta al senador Álvaro Uribe esta semana, por parte de una Sala de la Corte Suprema de Justicia, suscitó las más diversas reacciones. Entre ellas, las de algunos que cuestionaron el rol de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pese a que los hechos por los que se investiga al senador Uribe nada tienen que ver con la competencia de esta jurisdicción.
En Colombia, a veces toca reiterar lo obvio o probar los hechos notorios, algo que a los abogados nos enseñan en la facultad de derecho que no hay necesidad de hacer. Sin embargo, reitero que la medida fue tomada por la Corte Suprema de Justicia y no por la JEP; que los hechos por los que se investiga al Senador Uribe nada tienen que ver con el conflicto armado ni ocurrieron en el rango de fechas de los hechos que investiga la JEP. Y, además, que en principio, ni Álvaro Uribe (ni ningún ex presidente) es sujeto de la jurisdicción de la JEP en virtud del acuerdo de paz.
Ahora bien, algunos saben muy bien esto y su reacción se produce, quizás, por una cierta sensación de injusticia. Se preguntan ¿cómo es posible que el senador Uribe pueda estar privado de la libertad en el marco de este proceso mientras que los miembros de las Farc gozan de la libertad e incluso algunos se encuentran en el Congreso habiendo cometido graves crímenes?
En ese grupo de inconformes ubicaría a mi colega Gustavo Duncan quien esta semana en su columna de El Tiempo reaccionando a la detención de Uribe dijo que “enviar a prisión a Uribe, con lo que representa políticamente, equivale a un mensaje excesivo de retaliación, de negación del derecho a la participación del opositor”.
El argumento de Duncan me parece muy problemático pues parecería sugerir que la celebración del Acuerdo de paz dio una cierta licencia para delinquir a nuestros líderes políticos. Y que, con la excusa de su relevancia, un juez penal, en este caso los jueces de más alto rango en la jurisdicción ordinaria que son los magistrados de la Corte Suprema, no pueden decidir acerca de la detención preventiva o incluso imponer una pena de prisión a quien cometa un delito.
No, la celebración del proceso de paz con las Farc no puede servir como excusa para que un colombiano, por importante y representativo que sea, evada la ley, sus presuntas responsabilidades penales y pretenda no ser privado de su libertad por esos hechos. En el Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley.
Duncan cuestiona también la actuación de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Santrich. Este es un tema que puede ser técnicamente más complejo para el ciudadano común. Pero el caso no es comparable al del senador Uribe pues la libertad de Santrich no se ordenó para que éste se defendiera en libertad, como equivocadamente infiere Duncan. La libertad de Santrich se ordenó pues al tener fuero de Congresista, el competente para conocer su caso era la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no la Fiscalía, y por tanto su captura había sido ilegal. Fue una decisión tomada en derecho e, insisto, incomparable con la del senador Uribe al no pronunciarse la Corte sobre una medida de aseguramiento en ese caso.
Por otro lado, aclaro también, y en ello coincido con el profesor Rodrigo Uprimny, que en Colombia se ha abusado de la medida de la detención preventiva; que los funcionarios judiciales no siempre toman medidas necesarias y proporcionales y que éstas pareciera se volvieron la excepción. Pero una cosa es afirmar esto, y otra muy distinta, negar, como lo hace el profesor Duncan en su columna, la posibilidad de que la Corte pueda imponer la medida a Uribe.
Creo que olvida también mi colega que el proceso penal del senador Uribe todavía está en curso y no tenemos certeza sobre su resultado. Certeza sí tenemos de que los máximos responsables de las Farc en algún momento enfrentarán sanciones. A diferencia de cualquier proceso penal en donde hay incertidumbre sobre su resultado, en la JEP sabemos que sanciones habrá. Todavía no sabemos cuándo y de qué tipo. Esperamos, sí, que sean pronto y proporcionales a la gravedad de las conductas que cometieron los actores del conflicto. Quienes acudan a la JEP a negar responsabilidades, sean exguerrilleros o miembros de la fuerza pública, pueden esperar sanciones severas.
Estoy convencido de que en parte la reacción de esta semana frente a la JEP se debe a la deslegitimación sistemática a la que el partido de gobierno ha sometido a esta jurisdicción. Recuerden el episodio de las objeciones gubernamentales al proyecto de ley estatutaria de la JEP o las declaraciones recientes de Duque pidiendo resultados y celeridad a esta jurisdicción, que llevaron a su presidenta a corregir públicamente al primer mandatario. Si en realidad Duque quiere eficacia en la JEP lo que debe hacer es fortalecerla y no atacarla como lo ha hecho hasta ahora. Y además, sugerir a sus copartidarios que abandonen por inoportuna, peligrosa e inconveniente la descabellada propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia, eliminar la JEP y crear una super Corte. Pero ese es tema de otra columna.
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